BALANCE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN COLOMBIA ¿EN QUÉ ESTAMOS FALLANDO?

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  1. El agotamiento en administración, gerencia y gestión de la seguridad y justicia, generado por los modelos empleados. 

La existencia de múltiples limitaciones y fallas en el servicio de seguridad urbana y rural, obedece en gran parte a la perpetuación del denominado “modelo de convivencia y seguridad ciudadana”, operado tradicionalmente por la Policía Nacional; con el cual, en forma paradójica y a contrario sensu, hemos permanecido por décadas en la inseguridad; habida cuenta de sus postulados, procesos y procedimientos, nunca llevados a entera práctica, ni examinados mediante juicio crítico.

En efecto, la función policial en nuestro país, enmarcada en el referido modelo, se encuentra caracterizada por reiteradas acciones que, hoy por hoy, resultan erráticas, inconducentes, y no en pocos casos, contraproducentes, en el propósito de combatir el crimen en sus diversas formas y modalidades, cada vez más especializadas y tecnificadas.

Aunado a que los modelos empleados en estos sentidos temas, fallan por la perenne falta de articulación y expedita coordinación entre las funciones públicas de seguridad y de justicia en Colombia, impidiendo la debida celeridad en las acciones de la fuerza pública y los operadores de justicia.

La divergencia y ausencia de trabajo coordinado entre estos decisivos y neurálgicos frentes de acción del Estado, claramente percibida y señalada con señales de alarma, concepción emitida por los estamentos sociales, propicia la existencia de espacios generadores, facilitadores e impulsadores de las diversas conductas delictivas.

Más grave aún, es el caso de las prácticas amañadas, en el ejercicio de la defensa penal, de ciertos profesionales del derecho; que terminan por especializarse en las brechas y fracturas del sistema, en tanto que oportunidades de éxito en sus discutibles defensas. Son los mismos delincuentes, quienes apropian las visiones de estos abogados como parte de sus riesgos calculados en la comisión de delitos, y más demora su detención que su liberación.

La reducción de los tiempos de respuesta de las autoridades frente al delito, es definitiva y trascendental. La falta de respuesta inmediata (“justo a tiempo”) es una de las fallas protuberantes de la seguridad pública y de la acción de la Justicia. El retraso en la reacción y atención a las víctimas, es directamente proporcional a la oportunidad de huida y de consolidación de la impunidad.

Dicha reducción es posible, si y solo si se verifica la condición de dar lugar al establecimiento, estabilización y sincronía de procesos y procedimientos de Captura y Judicialización, con los que se consiga superar la impunidad y el fraude descarado a la ley.

Surge, por tanto, como imperativo y de cara al postconflicto, la urgente necesidad de actualizar y poner a tono la administración del Estado con unas realidades, contrarias a los ideales de justicia, paz y seguridad, y que por sí mismas, han venido avanzando, apoyadas en los vacíos de poder y en la ausencia de una debida administración pública.

  1. Las recurrentes fallas en la administración tradicional de los modelos de Seguridad y Justicia

En materia de Planeación

En medio de las constantes y reiteradas crisis o sobresaltos de la Seguridad, son usuales las actuaciones simplemente reactivas e intempestivas (apaga-incendios) de la fuerza pública, carentes de suficiente planeación. En similar situación, se encuentra la Justicia, la cual si llegare a actuar con suma rapidez, lo hace en exclusivo cuando se trata de quedar bien ante los medios de comunicación (es la llamada “justicia espectáculo” o “justicia mediática”).

Los Planes Presencia se han tornado en rutinarios, su costo-efectividad es baja, las órdenes e instrucciones desde el nivel central, no siempre toman en cuenta los contextos, condiciones o características específicas de las diferentes regiones, cayendo crónicamente en contrasentidos y factores contraproducentes o adversos, y obteniendo resultados opuestos a los esperados por la población.

En Materia de Organización – Administración del Talento Humano

El desorden operativo es patente, ocasionado por la constante y sorpresiva rotación de personal, particularmente en los cuadros de mando y dirección.

La permanente ausencia de coordinación entre dependencias especializadas del servicio de seguridad (Policía Vial, Antisecuestro, Protección a Dignatarios, Carabineros, Antinarcóticos, DIPOL, DIJIN, Infancia-Adolescencia y Policía de Vigilancia entre otras). Integración y/o Articulación que no se logra, ya que en algunas de ellas hace carrera la inocultable búsqueda del poder, que termina convirtiendo dichas dependencias en pequeños feudos ajenos en muchos casos, al cumplimiento de los propósitos claves de seguridad general; problemática que se agudiza con el errado entendido de muchos funcionarios que piensan que la Función Pública no es para servir, sino para servirse de ella (Corrupción).

Descoordinación y desequilibrio organizacional, que permea ineficiencia e ineficacia y que abre un protuberante espacio a la inexcusable estratificación del delito, de las víctimas y de los victimarios.

Dicha gradación es latente en la dicotomía: delitos de alto impacto social (homicidio, narcotráfico y secuestro) / delitos de bajo impacto (hurto o atraco callejero, lesiones personales). Privilegiados los primeros con atención y presupuestos especiales, tanto en la función pública de seguridad como en la de justicia a ellos asociadas; y desatendidos, en ambas funciones, los segundos, relegando a último plano la función de vigilancia en las calles, como función primaria de la seguridad pública, con especial sacrificio del bienestar de las clases “media” y “baja”.

(Cultura, clima y compromiso organizacional)

Es en muchos casos notorio el desinterés y prosaico el comportamiento de hombres y mujeres en el encargo de seguridad y la justicia, percibidos y señalados como impropios del servicio, por parte de la comunidad, en los distintos escenarios de interacción social, en que éstos, tienen lugar.

El comportamiento policial y de las diversas autoridades a quienes compete la Seguridad y la Justicia, es meramente reactivo y publicitario, (acelerando la actuación preferentemente cuando se presenta un caso de interés mediático para promover su registro informativo, o cuando los medios presionan por determinado tipo de reacción), confundiendo, entre tanto, los roles, retos, responsabilidades y resultados con que están comprometidos en su calidad de funcionarios públicos.

De otra parte varias de las instrucciones colectivas son impartidas bajo conceptualizaciones molestas, negativas y repetitivas, que dan lugar a prácticas de acoso moral, psicológico o físico (bullyng) para los agentes, so pretexto de acatar la “rigurosidad” y la “lógica” del anquilosado manual de vigilancia y de la planeación centralizada que por lustros ha acompañado el diario acontecer interno de la Fuerza Pública.

En materia de malas prácticas en Dirección y Ejecución del Servicio de Policía

Rituales disciplinarios infranqueables y prácticas totémicas en materia de régimen interno, son mantenidas mecánica y acríticamente por los miembros de la organización policial y la fuerza pública, año tras año, sin mejora continua, ejemplo de ello lo constituyen ciertas falencias presentadas en la puesta en marcha del servicio del policía, como:

  • La orientación e instrucción impartida en el momento de la formación (en fila) y alistamiento previo al inicio del servicio diario, en cada uno de los tres tradicionales turnos de vigilancia (de ocho horas), no adelantada por personas idóneas y en muchas ocasiones practicada como ritual y simple cumplido, sin ninguna responsabilidad de fondo.
  • Dicha práctica representa una distorsión y en los peores casos, una desviación, de lo que por su parte constituye una gran oportunidad, para transmitir valores en forma directa y presencial, para otorgar nuevos conocimientos, formular y reformular procesos y dinámicas de actualización permanente. En otras palabras, para agregar valor y aportar soluciones acordes con la realidad que se busca intervenir, al igual que avances significativos en la aplicación de tácticas y estrategias, que permitan neutralizar el accionar delictivo y contravencional en tiempo real, bajo nuevos horizontes del servicio.
  • El acatamiento de consignas del sempiterno manual de vigilancia (cada vez más tenue razón de ser de la policía), incluye entre otras: el buen trato al ciudadano y la excelente presentación personal (que en verdad, nunca están de más), la revista a puertas y candados, la intensificación de requisas, la búsqueda de antecedentes de personas y vehículos, los retenes viales; exigencias reiteradas con permanente insistencia, más en procura de acrecer las cifras en los reportes positivos de la lucha contra el delito y las contravenciones, que como despliegue de una auténtica vocación de servicio social.
  • En este mismo sentido, se suman quehaceres como: la inscripción en la minuta de vigilancia, otra acción de carácter ritual, adelantada, más con el propósito de dejar evidencias de un supuesto “deber cumplido”, que del reporte fidedigno de servicios y actividades policiales con impacto real sobre la sociedad.

Sí la Policía, la Fiscalía, los Jueces y demás operadores de la justicia en Colombia fuesen empresas privadas, desde tiempos remotos ya hubiesen quebrado, máxime sí en asuntos presupuestales por costumbre sus altos ejecutivos se desbordan en pedir y pedir sin consideración ni miramiento alguno, desconociendo el principio básico de la administración: “Costo-Beneficio”, en tanto que al más leve asomo de crisis o sobresalto en las materias de su conocimiento, de ipso-facto exigen una colosal cantidad de recursos y talento humano, de donde aflora la nefasta consecuencia directa de llegar a desbordados y desconsiderados presupuestos oficiales para tales asuntos en particular.

Con carácter aterrizado, consideremos que La Fuerza Pública (Policía) ni la Fiscalía, nunca serán empresas privadas y sus recursos de funcionamiento, siempre provendrán de los presupuestos oficiales; en tanto, llegar a pensar que pueda ser consideradas instituciones inútiles o en riesgo de banca rota, eso nunca ocurrirá; empero surge dicha consideración a fin de llamar la atención sobre la necesidad urgente de detener el desangre de recursos públicos, a partir de la continuidad con los anti-económicos modelos.

La positiva percepción de seguridad y justicia por parte de la población como indicador de calidad en la prestación del servicio, conlleva a sus ejecutores a la deliberada y calculada presencia policial en momentos puntuales de crisis o emergencias de seguridad, en los que las zonas y lugares afectados, se copan con agentes; intervenciones momentáneas y transitorias con las que errática e ingenuamente buscan asegurar, en los imaginarios ciudadanos, la idea de un servicio seguro y efectivo, motivo para interesarse fuertemente por la concepción de percepción y sensación de seguridad.

En materia de Supervisión, medición y control

La ausencia de un verdadero, efectivo y objetivo Sistema de Medición y Control de las funciones públicas de seguridad, ejercidas por los agentes del orden en cada localidad, es la causa central del rotundo desplome del modelo de seguridad ciudadana tradicional; traducido en ineficacia, ineficiencia, corrupción y desatención absoluta del servicio; algo similar ocurre con el sistema de justicia.

Se hace necesaria la implementación de un nuevo Sistema, que supere las malas prácticas, para la Verificación, Seguimiento, Evaluación y Calificación, de los agentes y de los operadores de justicia; evitando mediante mecanismos correctivos y estímulos positivos, que antepongan su voluntad y sus particulares criterios e intereses personales, sobre las obligaciones y deberes que les son propios. Ello permite no solo cerrarle el espacio a todas las modalidades delictivas sino también a los brotes de corrupción interna en la policía e instituciones que operan la justicia. Resulta absolutamente recomendable que la medición del desempeño de la función pública, se adelante en todos sus niveles, en igualdad de condiciones, con criterios de eficacia y eficiencia.

La retro-alimentación y ajuste de proyectos, planes y programas de seguridad y justicia en determinado periodo y lugar, no se adelanta como fórmula administrativa para la mejora continua, permitiéndose con ello la repetición de errores y la no superación de obstáculos en el cumplimiento de los fines; es por tanto recomendable incluir la retro-alimentación como parte de las acciones de supervisión y control.

Coronel (r)  Antonio José Ardila Torres

 

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Esta entrada tiene 655 comentarios

  1. Fabulosa experiencia, que debe compartirse con la mayor cantidad de gente posible, para ayudarle en MCV.
    Dispongamos de tiempo y ánimo para participar, gozar y disfrutar de la Gran fiesta en la que se convierte el Cambio con el RSH-CSH. Abrazos AJA.

  2. Es con todo gusto y cariño por ayudar a los compañeros de viaje por la vida.
    Ahora pasemos a gozar y disfrutar de la Gran fiesta por el Cambio con RSH-CSH. Abrazos AJA.

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