LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD EN COLOMBIA

Las cifras y la información disponible en materia de seguridad pública, hacen necesaria una revisión inmediata del modelo actual

  • La VIOLENCIA y la INSEGURIDAD le han significado al país, pérdidas multimillonarias insospechadas, hasta ahora, no superadas por país alguno de la región, tanto en materia de gasto público planificado como en niveles de impacto socioeconómico negativo.
  • La percepción de INSEGURIDAD por parte de la ciudadanía es creciente; pero más allá de la simple percepción encontramos la innegable realidad del día a día, reseñada en las copiosas entregas informativas de los noticieros y medios de comunicación, con mayor auge en las redes sociales que recogen infortunios de crasa inseguridad en tiempo real.
  • El impacto socio-económico de la INSEGURIDAD, se consolida como factor predeterminante de recesión económica y por consiguiente de pobreza, atraso social y pérdida de la calidad de vida.
  • Los altos niveles de atención presupuestal otorgados a la seguridad en Colombia sin la obtención de resultados costo-efectivos, frustran oportunidades de desarrollo en otros sectores de su economía, como salud y educación, en los cuales podría haber pleno empleo de dichos recursos[1].

A instancias de la paz, el postconflicto demandará, seguramente y a contrario sensu (pues se trata de gastos de paz que deberían ser inferiores a los de guerra), los mismos o mayores esfuerzos presupuestales, dando paso a las tesis del aseguramiento de la paz, con redoblada presencia militar o policial en antiguas zonas de conflicto o de dominio de las guerrillas, costosas operaciones de desminado humanitario y especial protección oficial a los desmovilizados, conforme a los acuerdos de paz. Cabe igualmente mencionar los costes que implicará combatir los grupos disidentes de las FARC y los demás grupos que no formaron parte del reciente acuerdo, al igual que la contención de las BACRIM, que de seguro intentarán copar espacios delictivos, “otrora” de las FARC.

En efecto, y de acuerdo con el reporte presentado en la décima edición del Global Peace Índex (GPI), el conflicto armado, el desplazamiento forzado y una alta tasa de homicidios, entre otros factores, significaron para COLOMBIA pérdidas cercanas a los:

US$139.480 millones en 2015, es decir, 30% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La cifra es alarmante si, por ejemplo, tenemos oportunidad de afirmar que dichos costos al igual que el impacto socioeconómico de la inseguridad y la violencia, representan para la economía colombiana una cifra 2 ½ (dos veces y media) más alta, que para la economía mexicana (US$ 54.000 millones); habida cuenta de que nuestro censo poblacional equivale a la tercera parte del mexicano y que tenemos similares niveles de violencia.

Si bien hay que advertir que Colombia obtiene mejores resultados que México en la calificación internacional de seguridad ciudadana, hay que reconocer que dichos resultados no son muy distantes; y hacen, aún más nula, la posibilidad de justificar este desangre económico en el erario colombiano.

EL ENTORNO REGIONAL DE LA SEGURIDAD

Conforme al Índice Internacional de Seguridad y Policía, que mide la eficiencia de los cuerpos policiales y el resultado en términos de seguridad ciudadana y luego de una investigación, que tomó dos años de mediciones y sondeos[2] a la Asociación Internacional de Ciencias Policiales y al Instituto para la Economía y la Paz,  ubica a Colombia en el puesto (96). República Dominicana (95) y Brasil (94) son otros de los países mal posicionados. Venezuela ocupa el puesto (119) entre los (127) estudiados.

En el marco de la profunda crisis que atraviesa, desde hace años Venezuela es considerada hoy uno de los países más inseguros del mundo. Dicha Asociación Internacional ubica al país caribeño como el más inseguro de América Latina.

“La situación de seguridad interna en Venezuela se está degradando, sabemos que es probable que la tasa de homicidios suba significativamente y se dice que en la actualidad representa una tasa de 91,8 homicidios por cada cada 100.000 habitantes, lo que es increíblemente elevado”, señala el informe.

México se encuentra por encima de Venezuela, país que ha sufrido un fuerte incremento del crimen organizado. “Los carteles perpetran secuestros y en ciertas ciudades hay impunidad casi total. En estas circunstancias aumenta el sub-registro (de casos), porque la gente tiene miedo de denunciar. Esto hace pensar que los casos de secuestro no denunciados en México es muy alto”, afirma el consultor internacional Daniel Hyslop.

Los países ubicados en las primeras veinte posiciones son europeos -con excepción de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón- y entre los que España ocupa el puesto 19.

Por regiones, África subsahariana presenta los peores resultados, pero varios países latinoamericanos aparecen en el listado entre los países africanos. Los otros países de la región que ocupan las peores posiciones en el listado son Honduras (116), Bolivia (114), Paraguay (113), Guatemala (107) y Perú (105), todos estos esparcidos entre países de África subsahariana y por debajo de algunos en los que hay conflictos internos latentes, como Birmania, o explícitos, como Yemen.

Como parte del presente análisis y luego de considerar diferentes informes sobre la injerencia del tema SEGURIDAD en la Interacción Social Humana de la región Latinoamericana y del Caribe, cuyos países comparten un mismo Estado de Realidad (Realidad Compartida) en esta materia, podemos  presentar algunas conclusiones, entre ellas:

  • El desequilibrio del Estado de Derecho y la inestabilidad política que genera espacios para la aparición y avance del crimen organizado (hecho patente en el caso venezolano). Caso similar puede constituir en Colombia, lo que para muchos ha sido una ruptura del Estado de Derecho, representada en el proceso de paz; rompimiento que puede significar un espacio abierto al avance de las organizaciones criminales impulsoras de caos como plataforma de acción.
  • Los entornos altamente volátiles e inestables incentivan la corrupción de los organismos policiales y viceversa; siendo esta una de las principales causas de inoperancia e ineficiencia en materia de seguridad y de justica.
  • Ante fuertes aumentos en tasas de homicidio, así como presencia del crimen organizado y terrorismo, muchas veces las víctimas son los propios agentes del orden, impidiéndose mediante esta dinámica el cumplimiento de sus funciones y el de los propios fines del Estado.
  • La existencia de un alto número de policías, fuerzas armadas y de agentes privados de seguridad, no garantizan per se resultados exitosos en materia de seguridad, máxime si estos cuerpos no gozan de legitimidad frente a la población. De donde se deriva la necesidad de integrar a los ciudadanos (Participación Masiva) como parte importante de los nuevos modelos de seguridad.
  • Existe en los países de la región una estratificación de los delitos que diluye la atención de la seguridad ciudadana. En efecto, algunos delitos son clasificados como de alto impacto o delitos mayores, mientras a otros los consideran como de bajo impacto o menores, con la correspondiente escala de atención, prioridad y direccionamiento presupuestal. Todos los delitos tendrían que merecer la misma atención máxime si los llamados menores son los que más afectan en el día a día, a las grandes mayorías de población, en su patrimonio, integridad personal y posibilidades de desarrollo; frustrando además su movilidad, tranquilidad y el libre uso de los espacios públicos. Muchos delitos considerados menores comprometen seriamente el progreso socio-económico de las grandes mayorías, disminuyendo su potencialidad, en contravía de su natural expectativa de crecimiento; finalidad que por su parte justifica la existencia e intervención del Estado.

EL GASTO EN DEFENSA Y POLICÍA DESDE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Colombia se destaca como el país de América Latina, que más alto gasto militar tiene con relación al PIB (3,5 % en 2015), ubicándose por encima de Estados Unidos (3,2 % en 2015), según el reciente informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.  El país invirtió 9.871 millones de dólares (unos 27 billones de pesos) en dicho año.

El Estado colombiano tiene proyectado para el 2017 una partida presupuestal de 29.554 Miles de Millones en Defensa y Policía, equivalente al 17.4% del Presupuesto General de la Nación (PGN) y un 2.1% del PIB[3].

“El ministro de defensa anunció que su cartera recibirá 230 millones de dólares más que en la vigencia del 2016 y que con ello recupera posibilidades de inversión en montos aproximados a los 330 millones de dólares para la próxima vigencia fiscal”[4].

EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

A partir de este escenario situacional, proponemos el desarrollo de estrategias con las cuales pueda conseguirse EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ALCANCE DE SUS OPERACIONES, dentro de la premisa COSTO-EFECTIVIDAD del gasto público en seguridad y defensa.

Mesa de Realidades cuenta ya, con un probado Modelo de Seguridad Pública, con evidencias exitosas de desempeño profesional, alcanzados durante el curso de 30 años de experiencias investigativas, de intervención operativa, vigilancia y seguridad pública, directas y continuas; y que han reflejado, en cada momento, la atención de todo tipo de necesidades en materia de seguridad, así como un impacto positivo sobre los índices de criminalidad. Próximamente haremos presentación del mismo.

Desde ya invitamos a nuestros lectores a consignar comentarios, inquietudes y fórmulas de solución al tema que en este nuevo año, hemos puesto sobre la mesa de discusión.

[1] Colombia fue el cuarto país de América que más invirtió en gasto militar durante el 2015, (detrás de Estados Unidos y Canadá) y el segundo de Suramérica que más gasta, solo superado por Brasil; según el reciente informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. A nivel mundial Colombia aparece en el puesto 23. El país invirtió 9.871 millones de dólares (unos 27 billones de pesos).

De acuerdo con la Unidad de Datos del diario El Tiempo, Si el país redujera en el 2017 una cuarta parte lo que gastó militarmente en el 2015, quedarían “libres” 6,76 billones de pesos, aproximadamente el 93 % de lo que se espera recaudar con la reforma tributaria.

[2]El escalafón comprende indicadores como:

  • los recursos que un Estado asigna para la seguridad interna
  • Si estos son utilizados de manera eficiente,
  • La percepción de la ciudadanía sobre la policía.
  • También se analizan las tasas de homicidio, de robos y asaltos, así como de víctimas de terrorismo, los niveles de corrupción y el respeto de los derechos humanos por parte de las entidades policiales.

[3]Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA DE COLOMBIA http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=/OCS/p_mhcp_wcc-047106

[4] Fuente: infodefensa.com

http://www.infodefensa.com/latam/2016/09/20/noticia-colombia-colombia-aumenta-presupuesto-defensa.html

5 reflexiones en “Blog”

  1. Los delitos de los terroristas son aterradores, los que produce el microtrafico, son cada día más impactantes, pero definitivamente la corrupción con que se maneja el estado es el peor contaminante de la pobreza de nuestra sociedad, los impuestos los suben año tras año, mes tras mes, para tapar lo billones que se roban los amigos y contratistas del estado, apadrinados por aquellos que elegimos y no lo hacemos para que nos representen sino para que se enriquezcan, y no los veamos gentiles sino en el momento de querer su reelección.
    PARA FORTUNA DE ELLOS, COLOMBIA OLVIDA MUY FACIL

    1. Des-afortunadamente así es y usted tiene toda la razón, mil gracias por sus comentarios acordes a la situación, espero y le invito a seguir sus acciones en defensa de nuestra bella Colombia.

  2. Diariamente las redes se llenan de cientos de horas de videos, testimonios, relatos de toda índole que siempre desembocan en lo mismo: la actitud dictatorial que permitimos que fuera tomando fuerza el presidente Santos y ahora se ratifica “haciendo lo que se le da la gana”. Yo desde mi opinión personal y patriótica, me pregunto: ¿hasta cuando vamos a seguir dándole largas a entender la realidad del país, y vamos a reaccionar en defensa de la democracia?
    Colombia es de todos y no la finca de Santos. Aquí se hace lo que los colombianos quieren.

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